En una reunión de trabajo entre integrantes de la comisión legislativa de Seguridad Pública del Congreso del Estado y autoridades penitenciarias, se acordó hacer un llamado a la Federación para que reactive el presupuesto de 9 millones de pesos que se dejó de recibir desde hace cuatro años para el Sistema Penitenciario Estatal llamado Socorro de Ley.
Se habló de la necesidad de mantener la gobernabilidad al interior de los seis Centros Penitenciarios Estatales (CPE) que operan en San Luis Potosí y conocer las condiciones en que operan actualmente para aminorar los riesgos que pueda representar para la paz y estabilidad del Estado.
La reunión se realizó en las instalaciones de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado, que estuvo presidida por el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, diputado Rubén Guajardo Barrera, vicepresidenta diputada Dolores Eliza García Román, secretario diputado Alejandro Leal Tovías, y los vocales diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero y el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.
También estuvieron presentes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, general Guzmar Ángel González Castillo y el Director General de Prevención y Reinserción Social, Jesús Juárez Hernández.
Como parte del diagnóstico se revisó la capacidad en la que se encuentran los seis Centros Penitenciarios Estatales y el personal de seguridad y custodia, y administrativo. Se estableció la necesidad de ampliar el número de personal para mejorar la seguridad en estos centros.
Además, se coincidió sobre la importancia de impulsar la capacitación, evaluación y formación, así como la aplicación de los exámenes de control y confianza para el personal de seguridad y custodia. También se destacó que para finales de la actual administración estatal se buscará que los seis Centros Penitenciarios Estatales estén debidamente certificados.
Como parte de las conclusiones de la reunión de trabajo, es que desde el Congreso del Estado se impulse una reforma a la ley para darle una mayor facultad a la autoridad penitenciaria para que sea quien determine los traslados de PPL a otros Centros Penitenciarios Estatales con motivos de seguridad.
También que se impulse una reforma para que la posesión de un celular en manos de un PPL, sea considerado un delito y no solo una falta administrativa, ya que son utilizados como vía para la comisión de delitos como la extorsión, amenazas, ordenar ejecuciones.
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