La clausura de la estancia para adultos mayores Santa Sofía, ubicada en la calle Fray Diego de la Magdalena #855, en San Luis Potosí, destapó una red de maltrato y negligencia hacia personas adultas mayores. A través de videos que circularon ampliamente en redes sociales, se exhibieron imágenes sensibles que muestran actos de violencia física y verbal por parte del personal contra residentes de la tercera edad; en respuesta, organizaciones civiles y ciudadanos hicieron un llamado urgente a intervenir y garantizar la seguridad de los afectados.
De acuerdo con los registros públicos más recientes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), actualizados a diciembre de 2024, la estancia Santa Sofía no aparece entre los centros registrados oficialmente que brindan servicios de estancia de día, de noche, permanentes y de cuidados.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) no ha informado de manera clara si este lugar contaba con licencia sanitaria vigente, por lo que se presume que operaba fuera del marco normativo.
La noche del día de ayer, la residencia Santa Sofía fue cerrada. Según refieren vecinos del lugar, el inmueble fue desalojado solo por los usuarios, tras la difusión de los videos. Hoy a primera hora de la mañana, recogieron a los últimos y ya no hay nadie en el espacio. El cierre se dio en medio de una creciente presión social y la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya se encuentra a cargo de la investigación.
Sobre los responsables del lugar, se sabe que el asilo era operado por un médico geriatra y una psicóloga que también fungía como cuidadora. Por el momento, ya se han revelado sus nombres, pero debido a que el proceso legal continúa su curso ante la FGE, no serán mencionados en esta nota.
Mariana Hernández Noriega, presidenta de Cuidadoras Potosinas e integrante de la Red Iberoamericana de Cuidados, lanzó una convocatoria para ubicar a los familiares de las personas adultas mayores que estaban bajo resguardo en la estancia. La organización busca conocer el estado de salud de los usuarios, las condiciones bajo las cuales ingresaron al lugar y su situación actual en términos de atención y cuidado.
“Pues no todos los adultos mayores tienen las mismas necesidades. Algunos pueden ser dependientes, con enfermedades crónicas, deterioro cognitivo o discapacidades que requieren cuidados médicos o geriátricos específicos”, señaló Hernández.
Para que un centro de atención geriátrica pueda operar legalmente, debe contar con una licencia de funcionamiento sanitaria expedida por Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, además de cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012. Esta norma exige que se garantice el ingreso voluntario, un plan de atención integral y responsables legales. La ausencia del registro de Santa Sofía sugiere un incumplimiento generalizado de estas disposiciones.
Según datos de transparencia, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios San Luis Potosí realizó 476 inspecciones entre 2016 y 2022. Sin embargo, no se reportaron sanciones ni medidas de seguridad en los registros públicos. Esta falta de seguimiento refuerza la preocupación por la existencia de establecimientos como Santa Sofía, que operaban sin registros ni inspección alguna.
En San Luis Potosí hay solo 14 asilos registrados oficialmente en la base de INAPAM, frente a los más de 1,200 que existen en todo el país. Esto subraya la insuficiencia de espacios seguros y regulados para la población adulta mayor.
En el año 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, emitió recomendaciones sobre asilos en San Luis Potosí, incluyendo “Ignacio Montes de Oca” y “Feliz Atardecer”. Las deficiencias detectadas incluyeron falta de higiene, mala alimentación y escasa supervisión.
Este caso evidencia la fragilidad del sistema de protección para adultos mayores. La falta de transparencia, registros y supervisión oficial permiten que estancias clandestinas sigan operando. La clausura de Santa Sofía no debe verse como un hecho aislado, sino como un síntoma de una crisis estructural en el sistema de cuidados en México.
Las investigaciones continúan, familiares, ciudadanos y organizaciones exigen justicia y acciones concretas para evitar que historias como esta se repitan.
Los videos datan del año 2023 y, aunque los familiares legales a cargo de algunos adultos mayores que formaban parte del centro de atención revelaron el dato, la situación parece ser que nunca cambió. En los materiales difundidos se denuncia a la actual dueña del espacio, de nombre Águeda, quien es la persona que aparece en los videos y sigue a cargo legal de la institución.
En respuesta a la difusión, Águeda —también directora del lugar— ofreció su postura pública. En una publicación que realizó, señala que los videos fueron manipulados por extrabajadores: “Estas personas —dijo— son un matrimonio que renunció a su trabajo porque no accedí a pagarles una liquidación excesiva. Me dijeron que si ellos salían perdiendo, yo iba a salir perdiendo más. Y después de eso, aparecieron los videos”.
Agregó que los materiales “están tomados desde ángulos que manipulan la percepción” y aseguró que los residentes están en buenas condiciones, que las instalaciones están abiertas y que los familiares visitan con regularidad a los adultos mayores. “No tengo nada que ocultar. Amo mi profesión, soy enfermera desde hace años y jamás he actuado en contra de los abuelos”, declaró.
El número de residentes, familiares responsables legalmente de los adultos mayores que residían en este espacio, señalaron que en el documento de responsiva se señala que debido a la normativa legal solo podían albergar hasta 20 adultos mayores. Sin embargo, desde 2023 comenzó a disminuir la cédula de usuarios, que hasta el día de ayer oscilaba entre 10 y 15 personas.
En donde algunos de los residentes eran apoyados con mensualidades becadas, algunas incluso por debajo de los $5,000 pesos.
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