En el estado de San Luis Potosí podría sumarse a las entidades que sancionan penalmente las llamadas terapias de conversión, luego de que la diputada Frinné Azuara Yarzábal presentara una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y la Ley de Salud local.
La propuesta plantea castigar con prisión y multa a quienes realicen, promuevan o financien prácticas dirigidas a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, al considerar que dichas acciones representan una forma de violencia. La iniciativa retoma los lineamientos de la reforma federal publicada en junio de 2024.
Entre los cambios propuestos se encuentra la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal, que incluiría los artículos 190 Bis y 190 Ter, con sanciones de dos a seis años de cárcel y multas de hasta dos mil UMAs. Las penas se agravarían si las víctimas son menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o si existe relación de subordinación.
“Está iniciativa responde a un mandato de justicia social, de armonización legislativa y de respeto irrestricto a los derechos humanos, al tiempo que fortalece el marco jurídico estatal para erradicar prácticas que constituyen una grave amenaza a la salud, dignidad y vida de miles de personas”, indicó la legisladora.
Se contempla la suspensión del ejercicio profesional por hasta tres años para personal de salud que participe en este tipo de prácticas, según lo previsto en una adición al artículo 380 TER de la Ley de Salud del Estado.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. San Luis Potosí es uno de los estados que aún no ha legislado contra estas prácticas, pese a los señalamientos internacionales que las consideran actos de tortura y discriminación.
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