Un nuevo informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja luz sobre el estado actual de los servicios periciales y médico forense en México, revelando profundas desigualdades entre entidades federativas. Este estudio, titulado Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025, recopila datos oficiales de todas las fiscalías del país y permite entender cómo operan las unidades encargadas de investigar muertes, procesar evidencias y apoyar en la impartición de justicia.
El estado de San Luis Potosí aparece como una entidad con carga operativa significativa pero con recursos limitados. Durante el año 2024, el estado recibió 2,036 cadáveres en sus unidades forenses, lo que lo posiciona en el lugar 18 a nivel nacional en volumen de casos. De estos cuerpos, 1,690 eran hombres, 325 mujeres y 21 no pudieron ser identificados por sexo. Esta cifra, por sí sola, evidencia la presión que enfrentan los servicios forenses locales.
El presupuesto ejercido por San Luis Potosí en esta materia fue de apenas 80 millones de pesos, muy por debajo de entidades como Nuevo León o el Estado de México, que superan los 500 millones. Esta disparidad presupuestal se traduce en una infraestructura limitada: el estado cuenta con siete unidades forenses, de las cuales seis combinan funciones periciales y médico forenses, y una se dedica exclusivamente a peritajes.
Las instalaciones disponibles incluyen cinco anfiteatros, cinco laboratorios forenses fijos, una bodega para indicios y cinco ambulancias forenses. Aunque estas cifras permiten una cobertura básica, resultan insuficientes frente a la demanda creciente de servicios especializados.
En cuanto al personal, solo cuatro personas fueron registradas como parte del equipo operativo, con una proporción de 75% hombres y 25% mujeres. No se reportaron peritos adscritos al Servicio Médico Legal del Poder Judicial, lo que indica que las funciones se concentran en tareas administrativas y de apoyo, más que en análisis técnico especializado.
Lo que va del año, se realizaron 86 necropsias, nueve pruebas genéticas, cuatro estudios de antropología forense y dos de odontología forense. Estas cifras muestran una actividad científica activa, aunque acotada por la falta de personal y recursos.
Respecto al manejo de restos humanos, al cierre del año se mantenían en almacenamiento 86 cadáveres, además de nueve segmentos, un fragmento y cuatro restos no identificados. Esta acumulación evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de identificación y disposición final.
Hablar de estos datos no es solo una cuestión estadística: es una ventana a cómo se administra la justicia en México. Los servicios forenses son clave para esclarecer delitos, identificar víctimas y garantizar procesos judiciales sólidos. Cuando estos servicios operan con carencias, se pone en riesgo no solo la eficiencia institucional, sino también el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad.
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