J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, respaldó la decisión del Congreso del Estado de tipificar como delito el uso de Inteligencia Artificial para alterar documentos legales o manipular imágenes y videos con fines delictivos, como la difamación o la generación de pánico colectivo. Consideró que la medida responde a un fenómeno tecnológico que ya forma parte de la vida diaria y que, sin controles, puede representar riesgos para la ciudadanía.
Explicó que la IA ha irrumpido de manera acelerada en distintos ámbitos, lo que obliga a los gobiernos a establecer reglas mínimas para evitar abusos. Señaló que, ante su potencial para crear contenido falso altamente convincente, la intervención del Poder Legislativo resulta necesaria para prevenir daños personales, institucionales o sociales.
Respecto a las críticas sobre la rapidez con la que se aprobó la iniciativa, Torres Sánchez reconoció que toda legislación puede perfeccionarse con el tiempo. Sin embargo, enfatizó que la inmediatez con la que evoluciona la tecnología demandaba una respuesta pronta y que el Congreso optó por atender una preocupación presente en múltiples estados del país.
El secretario añadió que la intención de la reforma no es limitar la libertad de expresión ni la labor de los medios de comunicación, sino establecer un marco legal para sancionar conductas delictivas que utilizan herramientas digitales avanzadas. Subrayó que estas regulaciones buscan proteger a las personas de afectaciones reales derivadas de contenidos manipulados.
Torres Sánchez indicó que esta legislación debe entenderse como un punto de partida, no como un cierre al debate. Afirmó que, conforme la tecnología avance y se identifiquen nuevos riesgos, será necesario seguir ajustando el marco normativo para garantizar un equilibrio entre innovación, derechos y seguridad.
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