La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene una disputa judicial con Distribuidora VEM por el arrendamiento de un terreno universitario destinado originalmente a un proyecto deportivo y comercial.
La institución busca rescindir el contrato y recuperar el inmueble, mientras que la empresa sostiene que no incurrió en incumplimientos y ha planteado una reclamación por 700 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios.
El conflicto se centra en un predio de aproximadamente 46 mil metros cuadrados ubicado en Lomas Cuarta Sección, detrás del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica.
El acuerdo fue autorizado en noviembre de 2023 y formalizado mediante contrato en abril de 2024. El documento estableció un arrendamiento por 20 años, con una renta anual de 3.4 millones de pesos y un periodo de gracia de un año para realizar trabajos y trámites relacionados con el proyecto.
De acuerdo con Fabián Espinosa Díaz de León, accionista y apoderado legal de VEM, la propuesta contemplaba la construcción de canchas deportivas y áreas comerciales. A cambio del arrendamiento, la Universidad recibiría el pago correspondiente, además de horas para utilizar las instalaciones y espacios de estacionamiento. Al concluir el contrato, la infraestructura pasaría a formar parte del patrimonio universitario, según su versión.
Sin embargo, la UASLP señaló que el proyecto sufrió modificaciones y que la propuesta original de un centro deportivo terminó convirtiéndose en un desarrollo comercial denominado Distrito Santa Fe.
La operación también generó cuestionamientos relacionados con el monto de la renta, las características del proyecto y el uso de una parte del terreno para almacenar vehículos de una distribuidora automotriz.
A casi un año y medio de la autorización del contrato y aproximadamente un año después de su firma, los trabajos de construcción aún no habían comenzado. Además, desde marzo de 2025, información obtenida mediante transparencia del Ayuntamiento de San Luis Potosí señalaba que el área de Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano no contaba con antecedentes o registros de trámites relacionados con Distrito Santa Fe.
En abril de 2025, la Universidad planteó la terminación anticipada del contrato debido a presuntos incumplimientos y solicitó la devolución del inmueble, pero las partes no llegaron a un acuerdo.
VEM, por su parte, atribuyó las dificultades para avanzar en los permisos a la situación catastral del terreno. La empresa sostuvo que el predio estaba dividido en tres partes y que la Universidad no había realizado la fusión necesaria para continuar con los trámites de construcción.
La empresa también afirmó que contaba con recursos para cubrir la renta, pero decidió no realizar el pago ante la intención de la institución de finalizar el contrato. Según su versión, dejó constancia de su disposición de pago ante un notario.
En agosto de 2025, la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, informó que la demanda mercantil para buscar la rescisión del contrato ya había sido radicada ante un juzgado federal.
Dos meses después, VEM anunció una reclamación por 700 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios. La cantidad, de acuerdo con la empresa, se calculó a partir de 25 contratos celebrados con proveedores y personas relacionadas con el proyecto. Se trata de una pretensión de la compañía y no de un monto determinado por resolución judicial.
Para julio de 2026, la UASLP aún no había recuperado la posesión del inmueble. Navarro Sánchez señaló entonces que se había solicitado al juzgado ordenar la entrega del terreno y explicó que el proceso se encontraba todavía en una etapa inicial, con incidentes pendientes de resolución y sin una fecha definida para su conclusión.
Disputa por documentos del expediente
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 30 de septiembre, cuando la defensa de VEM cuestionó ante el juzgado la autenticidad o incorporación de algunos documentos presentados por la representación de la Universidad dentro del expediente 11674/2025.
Los señalamientos se relacionan con anexos, especificaciones y calendarios que, según la empresa, no formarían parte del contrato original firmado por las partes. Estos cuestionamientos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público Federal.
Ese mismo día, la Oficina de la Abogacía General de la UASLP rechazó los señalamientos y aseguró que los documentos cuestionados son legítimos.
La dependencia también negó que la jueza mercantil hubiera presentado una denuncia penal contra Navarro Sánchez. Explicó que la juzgadora no atendió la petición de VEM para que fuera el propio órgano judicial quien realizara una denuncia, aunque los escritos relacionados con el caso fueron remitidos al Ministerio Público.
La representación universitaria agregó que la intervención de la autoridad ministerial se relaciona también con una actuación solicitada previamente por la UASLP. El 5 de diciembre de 2025 se habría dado vista por posibles irregularidades relacionadas con 25 contratos de subarrendamiento presentados por la empresa, los cuales, según la Universidad, no le habían sido notificados.
La institución sostuvo que dichos documentos podrían haber sido utilizados para acreditar afectaciones económicas, mientras que en agosto de 2026 el Ministerio Público Federal solicitó una copia digital del expediente.
El caso continúa en tribunales y tanto la UASLP como Distribuidora VEM mantienen posturas encontradas sobre el cumplimiento del contrato, las condiciones del terreno, los daños reclamados y los documentos incorporados al juicio.
