Tres perfiles serán sometidos a votación del Pleno para ocupar la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. La comisión también aprobó una reforma para fortalecer las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la terna propuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, informó su presidenta, la diputada Leticia Vázquez Hernández.
Las personas propuestas para ocupar el cargo son Jesús Iván Meza Galeana, Javier Ortiz Patiño y Benjamín Pérez Álvarez. La terna será turnada al Pleno del Poder Legislativo, donde se realizará la votación correspondiente. Quien resulte electo permanecerá en el puesto hasta el 5 de mayo de 2028.
La legisladora explicó que Felipe Aurelio Torres Zúñiga había sido designado fiscal el 6 de mayo de 2021 para un periodo de siete años; sin embargo, presentó su renuncia el pasado 31 de marzo, con efectos inmediatos.
Ante esta situación, el Congreso emitió el Decreto 507, publicado el 9 de abril, mediante el cual declaró vacante la titularidad de la Fiscalía a partir de la fecha de renuncia. Posteriormente, se notificó al gobernador del estado para que enviara la propuesta de aspirantes, conforme al procedimiento establecido.
Durante la misma sesión, la Comisión Primera de Justicia también aprobó un dictamen para reformar y adicionar disposiciones del artículo 37 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
La modificación plantea incorporar una nueva orden de protección administrativa que permita al Ministerio Público determinar la salida inmediata de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja cuando exista peligro inminente o una situación de extrema urgencia por violencia.
La medida podría aplicarse independientemente de quién acredite la propiedad o posesión del inmueble, incluso cuando la vivienda se encuentre bajo un contrato de arrendamiento. El objetivo es fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres en situaciones de riesgo.
