El diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la inclusión, el reconocimiento de la neurodiversidad y el derecho a una vida independiente.
La propuesta contempla modificaciones y adiciones a la legislación vigente, incorporando conceptos como vida independiente, regulación del entorno sensorial, protección social y transversalidad en la aplicación de políticas públicas.
De acuerdo con el legislador, se busca que el diagnóstico sea una herramienta de apoyo y no una etiqueta que limite el acceso a derechos o al desarrollo personal, además de garantizar que las evaluaciones clínicas puedan realizarse en cualquier etapa de la vida, incluyendo la adolescencia y la edad adulta.
En la exposición de motivos, se señala que la normativa actual está basada principalmente en un enfoque médico-clínico enfocado en la niñez, lo que ha permitido avances en la detección temprana; sin embargo, no contempla adecuadamente las necesidades que persisten en la vida adulta, por lo que se plantea actualizar el marco legal para atender estos vacíos.
La iniciativa también propone la creación de un Registro Estatal de Personas con Condición del Espectro Autista, el cual deberá ser alimentado por autoridades de salud y ayuntamientos, además de incluir mecanismos de responsabilidad y denuncia.
Entre los cambios, se plantea sustituir el enfoque de “tratamiento de discapacidad” por el de “ajustes para la diversidad funcional”, en línea con el modelo social de derechos humanos. Asimismo, se establece la obligación de adecuar los entornos físicos en espacios públicos, como la regulación de ruido e iluminación, para evitar crisis sensoriales.
De igual forma, se incluye una cláusula de salvaguarda de protección social, que busca separar el estatus de inclusión laboral del acceso a apoyos gubernamentales, así como precisar la responsabilidad de autoridades estatales y municipales en la aplicación de la ley.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis y eventual dictaminación.
